El convenio fue firmado el pasado martes en la sede del Ministerio Público Fiscal en la Ciudad Judicial, durante un acto del que participó el fiscal general José Gerez junto a representantes de YPF y de la comunidad Kaxipayiñ.

El acuerdo tiene como objetivo que la empresa realice tareas de mantenimiento y ampliación de la planta Turbo expander Loma de la Lata, la cual está ubicada en territorio de la comunidad mapuche. Para esto, la comunidad mapuche y la empresa manifestaron voluntad para “mantener y fomentar una relación de mutua cooperación”.

"Les agradezco la confianza que depositaron en este espacio para poder llegar a este acuerdo que es tan importante no sólo para YPF, la comunidad Kaxipayiñ y el Ministerio Público Fiscal, sino también para la provincia, la industria hidrocarburífera y el país", planteó Gerez. “Este acuerdo tiene que ser un punto de partida para el futuro, para el fortalecimiento de la confianza entre ambas partes y la construcción de un relación sobre la base del consenso, el diálogo y el respeto, que permita una convivencia armónica”, agregó.

Entre otros aspectos, el convenio estableció que la firma va a informar en forma previa cualquier eventual modificación de las actividades que tiene previstas en la planta; que la comunidad no va a impedir, obstaculizar o entorpecer las actividades de YPF, permitiendo el libre acceso y circulación de su personal y equipos o de contratistas sobre el territorio mapuche; que la empresa trabajará con buenas prácticas de la industria, preservando el medioambiente y la salud de trabajadores/as y miembros de la comunidad que viven en el territorio; y que las tareas de la firma se harán contemplando derechos consagrados al pueblo mapuche por Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y Provincial, Leyes nacionales y provinciales sobre derecho indígena, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ambas partes manifestaron además en el texto del convenio que, “atento a la experiencia y trayectoria de la dirección de Mediación y Conciliación del Ministerio Público Fiscal en el abordaje de situaciones conflictivas entre empresas hidrocarburíferas, particulares y otros actores sociales en la provincia, en caso de que se suscite alguna diferencia o controversia respecto de la interpretación del presente, las partes podrán considerar, de común acuerdo, la posibilidad de solicitar la participación de la misma para gestionarlas y resolverlas de modo colaborativo”.

También plantearon que esto es “en  función del carácter de interés público que tiene las actividades, fundamentalmente en su objetivo de mantener una convivencia armoniosa y la paz social; así como también por las garantías constitucionales involucradas para ambas partes”.