Ley de Soberanía Hídrica

La iniciativa pertenece al legislador Mariano Mansilla (Frente de Todos) y lo hace al considerar el agua dulce contenida en los embalses como un bien común de carácter estratégico y esencial para la vida humana, sobre todo en materia de abastecimiento, uso industrial y para su utilización para la generación eléctrica. 

Al respecto, determina que gobierno el nacional no podrá tomar decisiones ni transitorias ni permanentes que involucren tanto el manejo como la administración del recurso. De igual modo, prevé que la jurisdicción federal deberá modificar el régimen eléctrico vigente según las condiciones de uso del recurso previsto en el artículo 124 de la Constitución Nacional y en la normativa referida a la materia.

En tanto, la norma fija que los ingresos que ingresen a la provincia en concepto de regalías de generación de energía eléctrica, canon de uso y participación accionaria en las sociedades; la mitad se destinarán a los fondos que se coparticipan entre los municipios, en tanto el otro 50% de los recursos se distribuirá entre las localidades linderas a los embalses a través de un coeficiente en donde se pondere la cantidad de habitantes. Estos municipios y comisiones de fomento también  podrán contar con la información ambiental referida al manejo del recurso.   

A la vez, en sus fundamentos destaca que es necesario adecuar el marco jurídico y político sobre la gestión del agua y establecer de interés público los acuerdos sobre los usos del agua en los cuales debe participar la provincia. 

Sobre este punto, señala que detentar la Soberanía Hídrica sobre el recurso debe ser considerada un acto de rebelión contra cualquier pretensión de sostener un sistema de administración privada sobre el agua dulce.