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Durante 2025, la Provincia consolidó un sistema moderno de fiscalización ambiental como instrumento central para el seguimiento y la toma de decisiones en la materia.
El gobernador Omar Gutiérrez se refirió una vez más al proyecto Ley de Inversiones Hidrocarburíferas y reiteró que en el Congreso debe primar el “no al avasallamiento de las autonomías provinciales” al momento de tratar este tema.
Noticias29/09/2021
Redacción PC“No estoy de acuerdo en el avasallamiento, en el debilitamiento de las autonomías provinciales”. Con estas palabras el gobernador Omar Gutiérrez volvió a referirse al proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas que ingresó al Congreso para su tratamiento. “No estamos dispuestos a ceder o a renunciar lo que tanto trabajo nos llevó”, agregó.
Si esta ley busca promover la inversión, Gutiérrez consideró que “habrá que revisar algún que otro artículo que, entiendo, hasta aquí no se han hecho muchas aclaraciones”. En particular se refirió al régimen de retenciones.
Al respecto dijo: “Fijando un régimen de retenciones que, cuando a las empresas que vengan a invertir en el lapso de 20 años y el precio internacional del petróleo supere los 60 dólares, por lo que exporten el Estado Nacional les va a retener el 8 por ciento y no se va a distribuir a las provincias, porque es una retención que no se coparticipa”. Entonces, remarcó que es necesario tener en cuenta “que es un recurso no renovable” y que “las provincias tienen autonomía”.
“¿Ustedes sabían que las provincias no cobramos impuesto de Ingresos Brutos por la producción exportada? –preguntó a los presentes en el patio de Casa de Gobierno-. Las provincias cobramos el 3 por ciento de la producción de petróleo y gas que va al mercado interno y es el principal recurso impositivo provincial que tenemos. En la canasta de nuestros recursos de la recaudación provincial, el impuesto a los Ingresos Brutos es el principal y tiene como base el 80 por ciento de la actividad hidrocarburífera. Pero solo la cobramos por la producción del petróleo y gas que va al mercado interno. Del petróleo y gas que se exporta nosotros no cobramos nada. Pero sí se cobran retenciones a las empresas y no se les coparticipan a las provincias”.
Esta medida tendría un triple impacto negativo. Las retenciones disminuyen el precio sobre el cual las provincias cobran las regalías, no se cobran Ingresos Brutos y no se coparticipa a las provincias ningún porcentaje de esas retenciones.

Por eso, opinó que “cuando en otros países y cuencas no se cobran retenciones (este) es un costo diferencial importante que desalienta las inversiones, generando inseguridad de corto, mediano y largo plazo, porque el régimen de retenciones va a quedar consagrado a una ley nacional.”
En contacto con la prensa al término de una conferencia de prensa el mandatario provincial informó que están analizando cada uno de los 115 artículos que contiene el proyecto de ley para sentar las bases de lo que él presentará en la cámara alta. “Se está haciendo un trabajo artículo por artículo que va a ser la base de lo que voy a presentar en el Senado cuando sea convocado. Vamos a hacer la mención de lo que ese artículo dice, si estamos de acuerdo o no en su razón de ser y en las correcciones respectivas y vamos a agregar todos los artículos que consideremos que sean necesarios para afianzar, garantizar y promover las inversiones comprometidas y obtener nuevas inversiones”, aportó.
“El concepto es: No al avasallamiento de las autonomías provinciales”, reiteró Gutiérrez al ser consultado sobre la posición del gobierno de la Provincia respecto a la iniciativa del Ejecutivo nacional que ingresó al Congreso.
Consideró que “la construcción de una patria y una Nación federal, con justicia territorial, es respetando las competencias y las autonomías provinciales, no de alguno o alguna seducido por el centralismo. Es con más justicia social territorial, más federalismo, que se ponen en valor nuestros recursos, que se concreta la variable que va a definir cuál es la inversión”.

Durante 2025, la Provincia consolidó un sistema moderno de fiscalización ambiental como instrumento central para el seguimiento y la toma de decisiones en la materia.

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