La propuesta la elevó hoy el gobernador Rolando Figueroa a la Legislatura provincial. “Es una decisión estratégica que posiciona a la provincia como un destino atractivo para las inversiones y como un actor clave en el desarrollo económico de la Argentina”, se indica en el proyecto.
Los nuevos precios de gas fueron dispuestos mediante la Resolución 610/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa estableció que las productoras adjudicatarias del Plan Gas.Ar y Enarsa (Energía Argentina) deberán facturar las ventas de gas a las distribuidoras con los nuevos valores en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
El precio del gas es uno de los componentes que integran la factura final que reciben los usuarios por parte de cada distribuidora.
El Enargas también continuará aportando mensualmente a las distribuidoras la información respecto de los usuarios en cuanto a la segmentación por ingresos, lo que determinará el nivel de subsidios, aunque el valor del gas se mantiene fijo.
Los nuevos valores que se aplicarán en la readecuación tarifaria en los próximos meses, así como la porción del precio PIST que el Estado tomará a su cargo, fueron evaluados en Audiencia Pública el mes pasado.
En los considerandos se indicó que "es política del Gobierno en materia tarifaria de los servicios públicos, que estos estén en línea con la evolución de los ingresos salariales, de tal forma que los costos de la energía no crezcan por encima de ellos y, por el contrario, representen proporciones progresivamente menores".
Del mismo modo, se señala que para la fijación de precios se tuvieron en cuenta los valores estimados de importación del gas para este año: se calculó que el gas importado de Bolivia será del orden los US$ 9,91 el millón de BTU para 2023, y que el precio del GNL importado entre mayo y septiembre será de US$ 42,07 el millón de BTU, a lo cual hay que sumar el costo de regasificación.
Única actualización
Según anticipó la semana pasada la secretaria de Energía, Flavia Royón, durante 2023 solo habrá una única actualización en el costo del gas del 28,3% para aquellos usuarios que no soliciten la segmentación o sean de ingresos altos, es decir, quienes cobren más de 3,5 canastas básicas por mes, equivalentes a $ 510.818. En el caso del Nivel 3 (de ingresos medios), también recibirán un aumento, que, al igual que en el Nivel 1, contemplará los incrementos en el valor del fluido, el transporte y la distribución.
La funcionaria subrayó, en referencia a quienes perciben menores ingresos, que "no se producirá ningún aumento en el valor del gas natural para los usuarios inscriptos en el Nivel 2, cuyo único incremento anual se concentrará en los componentes del transporte y la distribución".
Royon indicó que las pymes que están anotadas en el registro Mipyme y tengan la categoría de usuario "P" "continuarán siendo alcanzadas por los subsidios", de manera tal que se "cuida a los comercios de barrio, al vecino y al crecimiento de la industria contra la inflación".
De esta forma, destacó que "se apunta a cumplir con el doble objetivo de construir un sendero de precios previsible para el sector y reducir las expectativas inflacionarias para proteger el ingreso de los trabajadores y el conjunto de la actividad económica".
El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) sigue abierto en el sitio web argentina.gob.ar/subsidios, y cualquiera que no se halla inscripto puede hacerlo para notificar sus ingresos, y, en caso de corresponder, seguir recibiendo el gas con subsidio.
El valor del PIST -el costo del gas en sí-, dado a conocer ayer, es el principal componente en la tarifa final del gas y representa casi el 50% de la misma.
Al mismo hay que sumar otros componentes cuyos valores aún no fueron dados a conocer y que inciden en la factura final: el transporte del gas a los centros de consumo, la distribución entre los hogares, y la carga impositiva (impuestos nacionales, provinciales y municipales). Respecto a la distribución, el sector, en una audiencia pública virtual desarrollada la semana pasada, pidió una recomposición que promedia el 200% a aplicarse en febrero, para luego sumarse ajustes trimestrales que tomarán como parámetros la evolución de la inflación y los incrementos en los costos del sector.
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