Redacción
El Gobierno dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para enero que tendrá impacto en los surtidores y difirió para febrero el resto del ajuste pendiente, mediante el Decreto 929/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La normativa determinó el incremento en los montos de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026.
En el caso de la nafta sin plomo y nafta virgen, el costo trepa a $17,291 (en diciembre había aumentado a $16,373) por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y a $1,059 (antes en $1,003) en el impuesto al dióxido de carbono.
En cuanto al gasoil, el tributo sube a $14,390 ($13,546 en diciembre) en el impuesto a los combustibles líquidos, a $7,792 ($7,335 previamente) en el tratamiento diferencial para algunas regiones y a $1,640 (antes en $1,544) en el impuesto al dióxido de carbono.
El ajuste rige en todo el país, con una aplicación diferente para el gasoil destinado a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.
El Ejecutivo estipuló en el decreto que los efectos de los incrementos remanentes en los montos de los impuestos de las actualizaciones correspondientes al año calendario 2024 y al primer, segundo y tercer trimestre calendario del año 2025, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, no se apliquen completamente en enero sino que pasan a febrero.
Al respecto, en el texto oficial se argumentó que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.
De esta manera, la administración de Javier Milei continúa desdoblando y postergando los aumentos impositivos plenos sobre los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto considerable en los precios exhibidos en los surtidores y por consiguiente en la inflación.
