La Ley 23.879 sancionada en 1990 establece que el Poder Ejecutivo procederá a realizar la evaluación de las consecuencias ambientales que producen o podrían producir en territorio argentino cada una de las represas construidas, en construcción y/o planificadas, sean éstas nacionales o extranacionales.

En un proyecto presentado en el Congreso Nacional explicó sus fundamentos y realza las funciones del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). 

“Constituye un ámbito técnico en el que se canalizan  décadas  de estudios, esfuerzos y aspiraciones de cada una de las provincias miembros de la cuenca”, informó. 

En este sentido, explicó que el objetivo es “asegurar la ejecución del Programa Único Acordado”. Además, “su adecuación al grado de conocimiento de la cuenca y su comportamiento”. También, la “regulación de sus usos, el control ambiental, el establecimiento de normas técnicas para la determinación de la línea de ribera”, entre otras funciones.

En este marco, “Chani” Sapag señaló que las cuatro provincias de la cuenca, con la oposición de La Pampa, decidieron acompañar el proyecto de Portezuelo. Pero lo condicionaron a que se redacten las “Normas de Manejo del Agua, las normas de llenado y el Estudio de Impacto Ambiental Integral y Regional de la Cuenca”.

La diputada indicó que la obra se encuadra en la ley Nacional de Obras Hidráulicas. “Esta norma exige la realización de una Audiencia Pública Nacional y un nuevo estudio de Impacto Ambiental”. 

En un último mensaje al poder Ejecutivo le remarcó que “tenga a bien concretar a la mayor brevedad a los efectos de llevar tranquilidad a las comunidades que van a ser afectadas”.