La petrolera nacional y la comunidad Kaxipayiñ firmaron un acuerdo a través del cual acordaron pautas para que la firma realice el mantenimiento y la ampliación de una planta que opera en la zona de Loma de la Lata.
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Redacción PC
El convenio fue firmado el pasado martes en la sede del Ministerio Público Fiscal en la Ciudad Judicial, durante un acto del que participó el fiscal general José Gerez junto a representantes de YPF y de la comunidad Kaxipayiñ.
El acuerdo tiene como objetivo que la empresa realice tareas de mantenimiento y ampliación de la planta Turbo expander Loma de la Lata, la cual está ubicada en territorio de la comunidad mapuche. Para esto, la comunidad mapuche y la empresa manifestaron voluntad para “mantener y fomentar una relación de mutua cooperación”.
"Les agradezco la confianza que depositaron en este espacio para poder llegar a este acuerdo que es tan importante no sólo para YPF, la comunidad Kaxipayiñ y el Ministerio Público Fiscal, sino también para la provincia, la industria hidrocarburífera y el país", planteó Gerez. “Este acuerdo tiene que ser un punto de partida para el futuro, para el fortalecimiento de la confianza entre ambas partes y la construcción de un relación sobre la base del consenso, el diálogo y el respeto, que permita una convivencia armónica”, agregó.
Entre otros aspectos, el convenio estableció que la firma va a informar en forma previa cualquier eventual modificación de las actividades que tiene previstas en la planta; que la comunidad no va a impedir, obstaculizar o entorpecer las actividades de YPF, permitiendo el libre acceso y circulación de su personal y equipos o de contratistas sobre el territorio mapuche; que la empresa trabajará con buenas prácticas de la industria, preservando el medioambiente y la salud de trabajadores/as y miembros de la comunidad que viven en el territorio; y que las tareas de la firma se harán contemplando derechos consagrados al pueblo mapuche por Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y Provincial, Leyes nacionales y provinciales sobre derecho indígena, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ambas partes manifestaron además en el texto del convenio que, “atento a la experiencia y trayectoria de la dirección de Mediación y Conciliación del Ministerio Público Fiscal en el abordaje de situaciones conflictivas entre empresas hidrocarburíferas, particulares y otros actores sociales en la provincia, en caso de que se suscite alguna diferencia o controversia respecto de la interpretación del presente, las partes podrán considerar, de común acuerdo, la posibilidad de solicitar la participación de la misma para gestionarlas y resolverlas de modo colaborativo”.
También plantearon que esto es “en función del carácter de interés público que tiene las actividades, fundamentalmente en su objetivo de mantener una convivencia armoniosa y la paz social; así como también por las garantías constitucionales involucradas para ambas partes”.
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