El Gobierno nacional avanza con la licitación para la operación privada de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila— y prevé un análisis minucioso del historial judicial y arbitral de las empresas oferentes, especialmente aquellas que en el pasado litigaron contra el Estado argentino en tribunales internacionales.
La convocatoria, inicialmente prevista para septiembre pero postergada por pedido de las empresas en medio de la volatilidad cambiaria previa a las elecciones presidenciales, busca renovar las concesiones vencidas en 2023 bajo un esquema que contempla participación privada y un margen accionario de hasta el 10% para las provincias de Neuquén y Río Negro.
La propuesta incorpora un canon por el uso del recurso hídrico y un mecanismo de distribución de ingresos que destinará un porcentaje a obras de infraestructura definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), con el objetivo de garantizar un aprovechamiento sustentable y federal del sistema.
Entre las compañías interesadas en competir se encuentran las actuales operadoras —Enel Generación, Central Puerto, Aconcagua Energía Generación y AES Corporation— así como nuevos jugadores del sector energético como Pampa Energía, YPF Luz, Genneia, MSU Energía, la francesa TotalEnergies y conglomerados chinos con presencia en el negocio hidroeléctrico global.
El antecedente de conflictos internacionales es un factor que el Ejecutivo considera sensible. Entre los casos destacados figura el de la estadounidense AES, ex operadora de Alicurá, que obtuvo este año un fallo favorable por más de 700 millones de dólares en el CIADI, derivado de la pesificación de los contratos ocurrida en la década del 2000.
Fuentes oficiales señalaron que si bien estos antecedentes no inhabilitan la participación en la licitación, sí requieren “un análisis más cuidadoso” en la evaluación. “El país no puede exponerse a repetir conflictos jurídicos que terminaron costando millones de dólares”, explicaron desde el entorno de la Secretaría de Energía.
La nueva fecha límite para la presentación de ofertas quedó fijada para el 7 de noviembre próximo, y el Gobierno espera adjudicar las nuevas concesiones antes de fin de año, en línea con el plan de ordenamiento del sector energético.
El gobierno también acusó a Cristina Kirchner de “favorecer a grupos empresariales” para enriquecerse, aludiendo a la expropiación de YPF.
Como “Aliado Plata”, la empresa entregará 500 mil dólares al Plan Provincial Redistribuir Oportunidades. El acuerdo lo firmaron hoy en Buenos Aires el gobernador Rolando Figueroa y el presidente de la compañía, Marcelo Mindlin.
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El gobernador se refirió a las nuevas concesiones hidrocarburíferas, que incluyen la asociación de las operadoras con la empresa estatal GyP y el nuevo vínculo que mantiene la Provincia con el sector y que ha permitido que aporten al plan de becas Gregorio Álvarez, que capaciten a los neuquinos para acceder a puestos de trabajo y que inviertan en obras de infraestructura.
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Se abrió el proceso de licitación para el alquiler de maquinaria destinada a fortalecer las obras y servicios vinculados al uso y manejo del agua en la provincia, con una inversión estimada en $500.000.000, financiada a través del Fondo Hídrico Provincial.
El objetivo es generar energía limpia mediante el aprovechamiento de los caudales de ríos y arroyos. Ya enviaron invitaciones a más de 100 potenciales desarrolladores del mercado energético y se han comenzado a realizar consultas más específicas.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dio un paso clave hacia la autosuficiencia energética con la construcción de un parque solar fotovoltaico propio que le permitirá cubrir el 100% de su demanda eléctrica. Será la primera universidad del país en lograr este objetivo.
Como “Aliado Plata”, la empresa entregará 500 mil dólares al Plan Provincial Redistribuir Oportunidades. El acuerdo lo firmaron hoy en Buenos Aires el gobernador Rolando Figueroa y el presidente de la compañía, Marcelo Mindlin.
En los tribunales de Estados Unidos, el país intentará revertir el fallo condenatorio emitido por la jueza Loretta Preska, que obliga al pago de US$16.000 millones a modo de resarcimiento por la forma en que el Estado argentino reestatizó la compañía.
El gobierno también acusó a Cristina Kirchner de “favorecer a grupos empresariales” para enriquecerse, aludiendo a la expropiación de YPF.
Gobierno licita represas del Comahue y pone la lupa en empresas que litigaron contra el Estado, como AES. Analizarán el historial judicial de las oferentes.
