Redacción
En medio de versiones que comenzaron a circular en los últimos días, desde la Procuración del Tesoro de la Nación aclararon que la Argentina “no se encuentra en desacato” en el litigio vinculado a la expropiación de YPF que tramita ante los tribunales de Nueva York.
“La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, señalaron fuentes del organismo y remarcaron que las afirmaciones en sentido contrario “son falsas y carecen de todo sustento jurídico”.
Con relación al proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska sobre comunicaciones personales de funcionarios y ex funcionarios, remarcaron que dicha medida fue apelada por el Estado argentino por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el derecho estadounidense.
Desde la Procuración del Tesoro explicaron que la Argentina actúa de buena fe.
“Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”, indicaron, mientras destacaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”.
En ese marco, fuentes oficiales calificaron la orden de discovery como “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios”, en contradicción con el derecho internacional público y con las reglas básicas que rigen las relaciones entre Estados.
Según explicaron, esta maniobra responde a una estrategia de la parte actora “para desviar la atención del momento adverso que atraviesa en el litigio”.
No debe olvidarse que las acciones de Burford, el fondo que financia la demanda, han bajado 29% en este año, recordaron.
Asimismo, desde la Procuración del Tesoro desmintieron de manera enfática las versiones sobre eventuales sanciones o un supuesto desacato.
“Hablar de desacato es absolutamente falso y especulativo”, afirmaron fuentes del organismo.
Detallaron que, a partir del 15 de enero, se acordó un cronograma procesal en el que ambas partes intercambiarán escritos, y que cualquier eventual decisión quedará exclusivamente sujeta a la evaluación razonada del tribunal. “Cualquier afirmación en sentido contrario constituye una operación mediática irresponsable”, señalaron.
En paralelo, las partes se encuentran a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la sentencia de fondo, un fallo que podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena por más de 16.000 millones de dólares contra la Argentina, recordaron desde la defensa.
“La defensa del interés nacional y del orden jurídico argentino exige seriedad, rigor y apego a la verdad”, indicaron desde la Procuración del Tesoro, y remarcaron que “la Argentina está actuando conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley, lejos de cualquier escenario de desacato”.
