La empresa ENARSA asumirá "transitoriamente" el control de cinco represas hidroeléctricas ubicadas en la cuenca del Comahue en las provincias de Neuquén y Río Negro por instrucción de la secretaría de Energía a cargo de Flavia Royón. El cambio de manos se produce ante la inminencia de la finalización de los contrato de concesión luego de 30 años en manos privadas.
Los complejos hidroeléctricos son Alicurá (1.000 Mw), actualmente operada por la empresa AES Argentina; El Chocón (1.200 Mw) y Arroyito (120 Mw), a cargo de la firma Enel Generación; Planicie Banderita (450 Mw), operada por Oroazul Energy, cuyos contratos vencen el 11 de agosto; y Piedra del Aguila (1.400 Mw), a cargo de Central Puerto, cuya concesión vence el 29 de diciembre.
Fuentes oficiales indicaron que la decisión del Gobierno fue comunicada por Royón al presidente de ENARSA, Agustín Gerez, en la que se instruye a la compañía a que "adopte las medidas necesarias para encontrarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica" de esas centrales y "la efectiva reversión y adecuada restitución al Estado Nacional de todos los bienes afectados a las referidas concesiones".
Las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic tendrán una potencia instalada de 1.310 megawatts lo que representa el 5% del máximo consumo nacional en punta. Permitirá una generación media anual mayor a 5.000 GW/hs.
La nota indica que deberá tomar el control "incluyendo, sin limitación, la eventual transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales".
Cuáles son las represas involucradas
Las represas involucradas son las primeras cinco de un total de 22 complejos hidroeléctricos cuyos vencimientos de concesión comenzarán a operar a partir de agosto, tras 30 años de manejo privado.
El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, rechazó la decisión del Gobierno nacional y anticipó que irá a la justicia parta rechazar una medida a la que calificó de inconstitucional.
Gutiérrez dijo que es una medida "centralista, porque las provincias son dueñas de los recursos naturales" y, como tal, pretenden "cobrar por el uso del agua".
En tanto, el Gobierno de Río Negro emitió un comunicado en el que solicitó una reunión urgente con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con la secretaria Royón.
En el escrito, indicó: "La posición de la provincia como dueña del recurso compartido con las otras provincias es clara en cuanto a la necesidad de aprobar todo tipo de decisiones que involucren el manejo de agua de los aprovechamientos multipropósito emplazados en los ríos Limay y Neuquén, buscando optimizar los usos como el control de crecidas, el consumo humano, riego, industrial y la generación de energía eléctrica".
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