La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones se pronunció a favor de solicitarle a la Cámara de Diputados de la Nación que trate todas las iniciativas que se expresan sobre la transferencia de los bienes de los complejos hidroeléctricos a las provincias titulares del recurso hídrico que utilizan para generar energía. Lo hizo al votar un despacho en mayoría y otro en minoría presentados por Unión por la Patria y el PTS-FIT-U, respectivamente.
La diferencia entre ambas posturas radica en que la primera pide el traspaso de los bienes a la provincia y la segunda prohíbe taxativamente que las represas puedan volver a ser administradas por un concesionario privado.
Desde Unión por la Patria, Darío Peralta consideró necesario que primero las represas pasen a formar parte del dominio provincial para luego, en una segunda instancia, definir el régimen de administración que se prevé aplicar para garantizar su funcionamiento. En tanto que Andrés Blanco (PTS-FIT-U) descartó cualquier instancia que no comprenda la gestión por parte del Estado de las mismas.
Ambos legisladores coincidieron en que la construcción de las represas tiene más de 30 años y que se trata de bienes ya amortizados que deberían ser transferidos en forma gratuita por parte del gobierno nacional a las jurisdicciones provinciales.
Al exponer su posición, Blanco explicó que se trata de “un recurso natural que por Constitución nos pertenece, de bienes que ya fueron amortizados y ya existió una empresa estatal como Hidronor S.A., lo único que falta es decisión política”.
En referencia al debate, Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) advirtió sobre el riesgo que significa la falta de una política que priorice la construcción de nuevas represas sobre el río Neuquén para otorgar seguridad aguas abajo para contener cualquier tipo de crecida extraordinaria sobre su cauce.
No obstante, se mostró pesimista respecto a la definición que en materia de administración de los complejos hidroeléctricos tomará el gobierno nacional e indicó que todo hace prever que aplicará una política de reprivatización.
Por su parte, César Gass (JxC-UCR) adelantó que le solicitará a la Fiscalía de Estado que inicie una acción en nombre del gobierno provincial referida al derecho de la provincia sobre los complejos situados en los ríos Limay y Neuquén, y pidió el acompañamiento del resto del cuerpo. Explicó que las acciones individuales “no son tenidas en cuenta por la justicia” y que con las declaraciones que aprueba la Cámara “no alcanza”. Al respecto exigió aportarle “músculo político” al reclamo.
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