
El diputado nacional santacruceño Pablo González lo sucederá en el cargo.
El diputado nacional santacruceño Pablo González lo sucederá en el cargo.
Alcanzó 345 etapas, con una mejora respecto a las 325 alcanzadas en septiembre y un incremento de poco más del 3% frente a igual período de 2019.
Abierta la inscripción al Webinar de CADER para conocer los planes de cada provincia. En esta ocasión, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.
Se reactivan 550 puestos directos y casi 3.000 indirectos. La reincorporación de dotaciones será gradual, hasta el mes de agosto.
“En la reunión se abordó la problemática vinculada a la producción petrolera, con el objetivo de diseñar estrategias para disminuir los riesgos", informó en diálogo el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich.
La medida -que aún no ve la luz oficial- incluiría esa determinación hasta al menos el 1º de octubre.
Solicitan "decisiones y soluciones urgentes" para el próximo pago de sueldos ante un posible colapso.
La industria hidrocarburífera en el país atraviesa una profunda crisis y en particular en esta provincia.
El sector de Energía y Servicios Públicos y la región patagónica lideran las intenciones más sólidas para el tercer trimestre de la encuesta de ManpowerGroup.
La CNEA, dueña del activo PIAP, lleva varios meses sin enviar fondos adeudados según contrato, necesarios no sólo para el mantenimiento del complejo, sino también para la puesta en condiciones óptimas de operación para la futura producción de agua pesada, que ya tiene compradores.
A diferencia de crisis anteriores, esta vez Argentina se encuentra en una mejor posición para capitalizar el contexto, especialmente gracias al desarrollo sostenido de Vaca Muerta y al crecimiento de su capacidad exportadora de hidrocarburos.
El Brent se afianzó por debajo de los US$ 70.
La jueza Loretta Preska, de Nueva York, ordenó que el estado Argentino entregue la mayoría accionaria a los fondos buitre. El fallo, por el juicio por la expropiación, exige la transferencia de acciones como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar US$16.100 millones.